Cromañón, la interna

La trágica noche del 30 de diciembre de 2004 el incendio de República Cromañón provocó la muerte de 194 personas y los familiares de las víctimas, que al principio intentaron formar un frente común, se fueron agrupando en bandos, cuyas diferencias desencadenaron la aparición de distintos letrados, que se encargaron de patrocinar a los sectores que fueron surgiendo con el desarrollo de la investigación judicial. A pesar, de que hubo intentos por unificar la estrategia de los padres, ante el hecho concreto del juicio oral, las buenas intenciones se perdieron en el camino.
Al principio surgieron dos facciones bien diferenciadas. Había un grupo duro y uno más conciliador. Entre los duros te podría mencionar como figura conocida a Ricardo Righi, padre de una de las víctimas, quien se oponía a la vuelta a los escenarios de Callejeros y hasta amenazó con inmolarse si eso sucedía. También, criticó la investigación judicial y por eso mismo fue denunciado por la jueza de Instrucción, María Angélica Crotto y hasta llegó a mencionar a importantes ex funcionarios nacionales del kirchnerismo como involucrados en la tragedia.

El otro sector era más conciliador y estaba representado por el abogado José Iglesias, más propenso al diálogo y no llegaba a ser tan duro con los investigadores judiciales.

Pero el transcurrir de los meses provocó nuevas fisuras y surgieron dos grupos más cuyo origen fueron los grupos originales. La interna entre los padres desembocó en cuatro querellas distintas. Las diferencias arrancan en la acusación contra el principal imputado el ex gerenciador del boliche de Once, Omar Chabán. Para unos la acusación es de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo, para otros homicidio simple y los demás coinciden en imputarlo por el delito de homicidio simple y cohecho activo. Por otro lado, la acusación de la fiscalía contra Chabán es por estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo.

En el caso de Callejeros, las diferencias entre los padres son más simples, ya que dos de los grupos no los acusan. Sin embargo, los sectores que si lo hacen, no coinciden en el delito. Para el primer grupo son culpables de homicidio simple y cohecho activo y para el segundo de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo, esta última acusación es compartida por la fiscalía. En el caso de los ex funcionarios porteños, Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización y Control y quien era su segunda en la función pública, Ana María Fernández; los puntos de vista opuestos vuelvan a salir a la luz. dos grupos de padres coinciden en acusarlos por el delito de homicidio simple, otro por el de homicidio culposo y un último por el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, imputación que también le hace la fiscalía.

Ante tantas querellas con miradas distintas se va a complicar la resolución del juicio oral. Porque cualquiera sea el resultado del mismo, va a dejar a muchos con la sensación de que no cumplió con los objetivos esperados.