La causa del repentino asalto de estatismo oficial debe buscarse en las apremiantes necesidades fiscales del Gobierno para pagar la deuda el año que viene.
El Gobierno había concentrado el superávit fiscal en dos fuentes principales, las retenciones y la licuación de las jubilaciones a las que no reconocía movilidad alguna, pese a que la ley vigente obligaba a ajustarlas anualmente por la evolución de los recursos.
El campo dio batalla y la ganó, pero los precios agrícolas se desplomaron a causa de la crisis global, por lo que nada puede esperar el Gobierno allí.
Tampoco podía seguir demorando la movilidad jubilatoria. La Corte obligó al Congreso a su tratamiento y los tribunales reciben diariamente una avalancha de reclamos en ese sentido. La Ley 26417, que dispuso ajustes semestrales, comenzará a aplicarse en marzo próximo.
Frente a ese panorama, el Gobierno no encontró mejor salida que intentar apropiarse de los activos de las AFJP y desconocer los derechos adquiridos de los aportantes. Si lo concreta, encontrará 100 mil millones de pesos, de los cuales la mitad son bonos públicos que evitará pagar y la otra mitad son bonos y acciones privados, con los cuales podrá participar de la vida de importantes empresas argentinas, más depósitos en efectivo, que seguramente sacará de los bancos donde se encuentran, para transferir al Nación. Además, recibirá nuevos ingresos por 15 mil millones de pesos anuales que antes los trabajadores aportaban a las AFJP.
Desde el punto de vista de los trabajadores, no hay argumento alguno. El Gobierno acaba de darles la posibilidad de pasar al sistema de reparto y casi el 90% se quedó en el de capitalización; además, quien quiere ser administrado por el Estado eligió o puede elegir Nación AFJP.
Cuando no existían las AFJP la ANSES o el organismo pertinente sólo tenían obligaciones a pagar y, en general, pagaban menos de lo que debían, por eso en 1991 se les reconoció a los jubilados deudas impagas por más de 13 mil millones de dólares, que se pagaron antes del default. Quiere decir que la creación de las cuentas individuales de capitalización cumplieron en estos años un loable fin, evitar que el Estado despilfarrara el dinero de los trabajadores. Es cierto que no se logró totalmente porque las AFJP no fueron lo suficientemente enérgicas frente al default y la pesificación de 2002 y aceptaron el canje de 2005, lo que fue un error dramático. Pero no puede sostenerse seriamente que el incumplidor de entonces, el que se vanagloriaba de la quita del 70% a los acreedores, el Estado, sea quien se proponga a sí mismo como garante de solvencia.
En el país que viene no habrá mercado de capitales, no existirán esas transacciones de financiación de proyectos, descuento de carteras o emisión de obligaciones negociables, en las que trabajan abogados, contadores, auditores y técnicos de las más variadas especialidades. Tampoco habrá auspicios de las AFJP para los programas periodísticos. Muchos clubes de fútbol, autos de carrera y selecciones deberán buscar nuevos auspicios y cambiar sus camisetas o colores.
El país que viene si esto se concreta ya lo conocemos, es el de la inflación, controles de cambio, atraso de la movilidad jubilatoria, recesión estructural y desinversión constante.
El Gobierno había concentrado el superávit fiscal en dos fuentes principales, las retenciones y la licuación de las jubilaciones a las que no reconocía movilidad alguna, pese a que la ley vigente obligaba a ajustarlas anualmente por la evolución de los recursos.
El campo dio batalla y la ganó, pero los precios agrícolas se desplomaron a causa de la crisis global, por lo que nada puede esperar el Gobierno allí.
Tampoco podía seguir demorando la movilidad jubilatoria. La Corte obligó al Congreso a su tratamiento y los tribunales reciben diariamente una avalancha de reclamos en ese sentido. La Ley 26417, que dispuso ajustes semestrales, comenzará a aplicarse en marzo próximo.
Frente a ese panorama, el Gobierno no encontró mejor salida que intentar apropiarse de los activos de las AFJP y desconocer los derechos adquiridos de los aportantes. Si lo concreta, encontrará 100 mil millones de pesos, de los cuales la mitad son bonos públicos que evitará pagar y la otra mitad son bonos y acciones privados, con los cuales podrá participar de la vida de importantes empresas argentinas, más depósitos en efectivo, que seguramente sacará de los bancos donde se encuentran, para transferir al Nación. Además, recibirá nuevos ingresos por 15 mil millones de pesos anuales que antes los trabajadores aportaban a las AFJP.
Desde el punto de vista de los trabajadores, no hay argumento alguno. El Gobierno acaba de darles la posibilidad de pasar al sistema de reparto y casi el 90% se quedó en el de capitalización; además, quien quiere ser administrado por el Estado eligió o puede elegir Nación AFJP.
Cuando no existían las AFJP la ANSES o el organismo pertinente sólo tenían obligaciones a pagar y, en general, pagaban menos de lo que debían, por eso en 1991 se les reconoció a los jubilados deudas impagas por más de 13 mil millones de dólares, que se pagaron antes del default. Quiere decir que la creación de las cuentas individuales de capitalización cumplieron en estos años un loable fin, evitar que el Estado despilfarrara el dinero de los trabajadores. Es cierto que no se logró totalmente porque las AFJP no fueron lo suficientemente enérgicas frente al default y la pesificación de 2002 y aceptaron el canje de 2005, lo que fue un error dramático. Pero no puede sostenerse seriamente que el incumplidor de entonces, el que se vanagloriaba de la quita del 70% a los acreedores, el Estado, sea quien se proponga a sí mismo como garante de solvencia.
En el país que viene no habrá mercado de capitales, no existirán esas transacciones de financiación de proyectos, descuento de carteras o emisión de obligaciones negociables, en las que trabajan abogados, contadores, auditores y técnicos de las más variadas especialidades. Tampoco habrá auspicios de las AFJP para los programas periodísticos. Muchos clubes de fútbol, autos de carrera y selecciones deberán buscar nuevos auspicios y cambiar sus camisetas o colores.
El país que viene si esto se concreta ya lo conocemos, es el de la inflación, controles de cambio, atraso de la movilidad jubilatoria, recesión estructural y desinversión constante.
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